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EL DESPIDO DE 20 DIAS EN MANOS DE LOS JUECES

EL DESPIDO DE 20 DIAS EN MANOS DE LOS JUECES

Tras una sesión caótica, el grupo parlamentario socialista logró ayer salvar por la mínima la reforma laboral en el Congreso. Mínima, porque tan sólo los diputados del PSOE votaron a favor del proyecto de ley.

No obstante, la sonora abstención de los nacionalistas vascos y catalanes fue la clave para que el texto siga ahora su tramitación en el Senado.

El PNV sacó adelante una nueva redacción del despido objetivo por causas económicas que, pese a ser modificada, sigue dejando en manos de los jueces la decisión final de que un trabajador pueda ser despedido con 20 días de indemnización y, según los expertos, es caldo de cultivo para la litigiosidad.
Este punto ha sido uno de los caballos de batalla de la reforma laboral.

Finalmente, podrán recurrir al despido de 20 días las empresas que demuestren “pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Las compañías deberán justificar que de los datos aportados “se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Se eliminan de la redacción anterior las pruebas de “falta persistente de liquidez y la caída relevante de beneficios”.

La fórmula es un híbrido ambiguo entre la definición que proponían los socialistas –más restrictiva– y el nuevo aderezo aportado por los peneuvistas. ¿Pero cambiará en algo la situación actual? Los juristas observan un tímido avance, pues siempre es bueno que haya la menor discrecionalidad posible en manos del juez. Jesús Domingo Aragón, socio de ACS Abogados, matiza que el giro “algo ayuda” a pulir la anterior ambigüedad normativa, si bien “mejor hubiese sido acotar a uno o dos años las pérdidas” exigidas. La jurisdicción actual requiere a la empresa que acredite en torno a tres años de cuentas en negativo.

Cabe recordar que una de las razones por las que el despido objetivo no se utiliza en la práctica es que, en caso de conflicto, los magistrados tienden a preservar el derecho del trabajo y, por tanto, califican la extinción del contrato como improcedente (lo que da derecho a 45 días de indemnización).

Los ‘goles’ al Gobierno
En una sesión “para olvidar” –como coincidieron la mayoría de los grupos–, los nacionalistas catalanes fueron los segundos en meter un gol al Ejecutivo. Tras el primer turno de los portavoces, el PSOE puso su maquinaria a trabajar in extremis para ganarse el apoyo de CiU, que rehusó concretar el signo de su voto hasta el último momento. Finalmente, su estrategia le sirvió para ganarse dos concesiones importantes por parte del Ejecutivo: el compromiso para entrar de lleno en la negociación colectiva, si en el plazo de seis meses patronal y sindicatos no son capaces de llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, el pacto para abordar una reforma profunda en el sistema de prestaciones de paro.

En el descanso de la sesión, los socialistas recibieron la visita de parte del cuerpo técnico del Ministerio de Trabajo, con toda probabilidad para dar el visto bueno a estas dos dádivas y preparar las enmiendas transaccionales al respecto.

Toda la izquierda (IU-ICV y ERC), el Grupo Mixto y la derecha (PP) votaron en contra de la reforma lanzada en solitario por Moncloa, tras el frustrado proceso negociador de más de dos años del diálogo social.

Para los sindicatos, la jornada de ayer es la guinda que justifica, en su opinión, la huelga general del 29 de septiembre. UGT y CCOO destacaron que “la aberración” validada ayer en la Comisión de Trabajo del Congreso permite a las empresas prescindir de parte de su plantilla de un modo generoso “con sólo dejar de pedir créditos a los bancos pueden realizar despidos, lo que es un disparate”.

Los diputados, con estrés prevacacional
“Las prisas son malas consejeras”, balbuceaban ayer por los pasillos los diputados. La votación en la Comisión de Trabajo de la reforma laboral se convirtió en una carrera de obstáculos. El primero apareció a primera hora de la mañana, cuando CiU y PP descubrieron con asombro que el Gobierno había introducido en el texto de la ponencia de la ley las enmiendas transaccionales de los socialistas, dando por bueno su contenido y que todos los grupos consentían su inclusión.

El caos fue ‘in crescendo’ cuando sus señorías repararon en que el inicio de sus vacaciones estivales peligraba, ya que la sesión, que comenzó a las 10.30 de la mañana, se alargó hasta pasadas las seis de la tarde porque los grupos decidieron presentar nuevos cambios al texto. Así, la votación se retrasó hasta esa hora. En todo caso, el portavoz del grupo socialista, Jesús Membrado, se jactó del valor “ejemplarizante” de sus señorías, que se perdieron un día de vacaciones por la reforma.

Otros matices
1. En las empresas sin representación legal de los trabajadores, éstos podrán elegir entre formar una comisión integrada por los propios empleados, o bien por los sindicatos mayoritarios de su sector.

2. De esta forma, la empresa deberá negociar con los miembros “democráticamente” elegidos cualquier decisión que afecte a la jornada laboral, movilidad interna, etcétera.

3. En relación al absentismo, se penalizarán las faltas de asistencia que alcancen al 20% de las jornadas hábiles en doce meses, siempre que el índice de absentismo global de la empresa supere el 2,5%.

4. Llama la atención que el proyecto de ley matiza que el empresario será “objeto de resarcimiento” por el Fondo de Garantía Salarial, donde antes se recogía que este Fondo abonaría parte del coste de los despidos.

5. El proyecto deja al trabajador la carga de la prueba a la hora de determinar si hay fraude en su despido, como adelantó EXPANSIÓN el 28 de julio. No le corresponde al empresario aportar las pruebas.

6. El contrato estrella de esta reforma (el de fomento del empleo) se amplía a mujeres que, o bien han sido madres en los dos años anteriores, o bien han acogido a menores de edad. No se habla de padres.

7. La Federación ATA estaba ayer perpleja. El PSOE y PNV tumbaron la iniciativa, ya aprobada en Congreso y Senado, que regula el derecho a cobrar el denominado ’cheque parado’ de 420 euros.

8. La reforma penaliza los “pactos individuales” del empresario que, afectando a la retribución o la jornada”, discriminen a un trabajador por su sexo, lengua, origen o “adhesión o no a sindicatos”.

Enlace permanente · 25 de agosto de 2010