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Medidas tributarias de fomento de alquiler de viviendas

Se establecen una serie de medidas de carácter tributario que tienen por objeto potenciar el mercado de arrendamiento de viviendas en alquiler.
Para la consecución de dicha finalidad, las medidas tributarias que se introducen afectan al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Así, en relación al Impuesto sobre Sociedades, se articula un régimen especial para la entidades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español.
En principio, el régimen fiscal especial se aplica para las sociedades cuya actividad económica principal sea la de arrendamiento de viviendas definidos en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos. Ahora bien, también se posibilita la aplicación de dicho régimen especial para las sociedades que compatibilicen la actividad de arrendamiento con la inversión en locales de negocio y plazas de garaje para su arrendamiento, siempre que su valor contable conjunto no exceda del 20 por ciento del valor contable total de las inversiones en vivienda de la entidad.
El régimen especial se concreta en una bonificación del 90 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas y a las derivadas de la intermediación en dichos arrendamientos, bajo determinadas condiciones. Asimismo, la mencionada bonificación será aplicable también a las rentas derivadas de la transmisión de viviendas de la entidad, siempre que éstas hubiesen estado efectivamente arrendadas por la misma durante al menos 10 años.
Por otra parte, y en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una exención a favor del arrendatario respecto de las cantidades que en el marco del Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el «Programa de Vivienda Vacía», se imputen a favor del arrendatario.
Además, se establece la aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda regulada en el artículo 76 bis de la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los titulares de viviendas que se acojan a lo dispuesto en el mencionado Decreto 316/2002, así como cuando la vivienda se ceda o alquile a sociedades que se beneficien del régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas regulado en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
En relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se establecen dos nuevas exenciones. Así, se establece una exención para las transmisiones de viviendas adquiridas por sociedades acogidas al régimen fiscal de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, siempre que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en dicho régimen.
Por otro lado, se introduce una nueva exención aplicable a la constitución de arrendamientos de viviendas acogidos al «Programa de Vivienda Vacía», regulado por el Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, y de arrendamientos que disfruten de la bonificación de rentas prevista en el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
La Disposición Derogatoria de la presente Norma Foral procede a derogar la posibilidad recogida en el artículo 15.4 de la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la facultad de los Ayuntamientos para establecer un recargo en el citado impuesto, para las viviendas desocupadas.
La razón de esta derogación radica, precisamente, en la aprobación de la presente Norma Foral, la cual articula un paquete de medidas que afectan a distintos tributos con el mismo objetivo de la medida fiscal que se deroga; esto es, el fomento del alquiler y la ocupación de viviendas que actualmente no están siendo objeto de ocupación. Otra razón para la derogación radica en las dificultades prácticas para la aprobación de un reglamento de regulación de las condiciones de la desocupación, requisito necesario para la operatividad de dicha medida fiscal.nullMás información

Enlace permanente · 07 de noviembre de 2005