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Ojo con ahorrar mucho en luz, Hacienda puede dejarte sin la

Ojo con ahorrar mucho en luz, Hacienda puede dejarte sin la deducción por compra de vivienda.

Hacienda está negando en muchos casos la deducción por compra de vivienda habitual a los contribuyentes porque estima que los consumos de luz, de gas o de agua no son los normales en una vivienda habitual. Y esto ocurre porque una de las exigencias de la Ley del IRPF es que la casa sea la residencia habitual por un periodo mínimo de tres años.

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que cuando Hacienda alega que los consumos de la vivienda (luz, agua y gas) no son normales, quiere decir que el contribuyente no reside permanentemente en la vivienda. Por ejemplo, el fisco puede alegar que un consumo de energía anual de 354 kilovatios no puede considerarse normal en una vivienda habitada durante todo el año.

Pero, ¿quién tiene la carga de probar la residencia efectiva de la vivienda?

Corresponde a cada parte probar los hechos que le benefician. A la Administración, la realización del hecho imponible. Y a los contribuyentes, la no sujeción a un impuesto, las exenciones, bonificaciones, reducciones, deducciones y, en general, cualquier beneficio fiscal, tal y como se contempla en el artículo 105.1 de la Ley General Tributaria.

“Por tanto, es evidente que el contribuyente que pretenda aplicarse la deducción por inversión en vivienda habitual, deberá acreditar que cumple los requisitos para ello. En concreto, que habita la vivienda de forma habitual y permanente”, señala Salcedo.

Cómo puede el contribuyente acreditar que su vivienda es habitual

Pueden valerse de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, pero lo normal es que acudan al padrón y a los consumos de agua, luz, gas o internet. En ocasiones, Hacienda toma la información sobre el consumo energético del contribuyente de los datos proporcionados por las empresas suministradoras a través del modelo 159.

“También puede acreditarse que el domicilio es el que figura en la tarjeta sanitaria, o en la correspondencia de bancos, administrador de fincas etc”, asegura Salcedo, que recuerda que no hay un listado de medios de prueba a aportar por los contribuyentes, algo que ha pedido, sin éxito, el Defensor del Pueblo para evitar la inseguridad jurídica.

No obstante, Hacienda no puede rechazar sin motivación la prueba aportada. De hecho, hay varios tribunales superiores de justicia que, en casos similares, estiman que Hacienda debe justificar no sólo por qué rechaza la prueba aportada, sino también explicar qué prueba debiera haber aportado el contribuyente. Es decir, Hacienda está obligada a motivar sus liquidaciones.

Tal y como señala Salcedo, Hacienda debe explicar en su liquidación por qué no considera normales los consumos aportados por el contribuyente, y justificar qué se entiende por “consumo normal”, al efecto de considerar que una vivienda está permanentemente ocupada. “De lo contrario el contribuyente queda en una situación de indefensión, ya que ve cómo la prueba aportada es rechazada, sin saber además los motivos. Lo mismo le pasará al Tribunal que tenga que resolver el recurso, que verá cómo Hacienda rechaza la deducción porque los consumos no son normales, sin saber qué entiende la Administración por ‘consumo normal’”.

Qué pueden hacer los contribuyentes

Pueden recurrir este tipo de liquidaciones, por dos motivos, en opinión de José María Salcedo:

-Por el perjuicio económico que es elevado, pues las comprobaciones del fisco suelen afectar en estos casos a varios ejercicios.

- porque Hacienda no puede rechazar sin más la prueba aportada por los contribuyentes. Su obligación de motivar las liquidaciones incluye también la de explicar y justificar por qué considera que los consumos de la vivienda aportados, no son normales.

Recordamos que esta deducción dejó de aplicarse el 1 de enero de 2013, salvo para los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de dicha fecha.

Enlace permanente · 18 de septiembre de 2018

Anuladas las sanciones por presentar fuera de plazo la decla

Anuladas las sanciones por presentar fuera de plazo la declaración del patrimonio en el extranjero.



Todos los contribuyentes que residan en España y tengan en el extranjero inmuebles, cuentas bancarias u otros productos de inversión valorados en más de 50.000 euros deben presentar el famoso ‘Modelo 720’. Sin embargo, presentarlo fuera de plazo conlleva unas sanciones gravísimas. La parte positiva es que estas sanciones están siendo anuladas por los Tribunales.

Prueba de ello, son varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia dictadas recientemente. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, asegura que a la hora de imponer una sanción tributaria es necesario que la Administración acredite la culpabilidad del contribuyente. “Y es que, tal y como ha declarado recientemente el Tribunal Supremo, Hacienda está obligada a presumir la inocencia del contribuyente, y no su culpabilidad”.

Esto significa que el contribuyente que no ha presentado en plazo el modelo 720 es inocente mientras Hacienda no pruebe lo contrario. Es decir, que es necesario acreditar que su actuación ha sido culpable. Por tanto, la falta de declaración del modelo 720 no justifica la imposición de una sanción, mientras que la actuación del contribuyente no se demuestre culpable.

Salcedo señala que el régimen sancionador del modelo 720 “parece amenazado de muerte” y se remite al blog del letrado Alejandro del Campo, que denunció a España por este motivo.

“De momento, España no ha dado cumplimiento a la orden de modificar la polémica normativa sancionadora que afecta al modelo 720. Por ello, cada vez parecen más discutibles si cabe, las sanciones que se siguen imponiendo por este motivo” añade.

Al menos, el TEAR de Valencia en varias resoluciones ha puesto de manifiesto la virulencia de las sanciones contempladas en la normativa del modelo 720. Y es que considera que este modelo es aún novedoso (se introdujo en 2012) y que todavía hay desconocimiento de la nueva obligación para contribuyentes que puede ser extranjeros que viven en España y que tienen propiedades en el extranjero. En muchos casos, son jubilados, sin apenas obligaciones fiscales.

Salcedo recuerda que el TEAR pide extremar la diligencia de la Administración a la hora de acreditar la existencia de culpabilidad en la falta de presentación en plazo del modelo 720. “Por ello, en la medida en que los acuerdos sancionadores dictados, en relación a dicha obligación no acrediten de forma especialmente intensa la culpabilidad del contribuyente, las sanciones podrán ser anuladas”. Por todo ello, el abogado recomienda recurrir todas las sanciones dictadas por falta de acreditación de la culpabilidad del contribuyente por parte de la Administración.

Enlace permanente · 14 de septiembre de 2018

España captará este año más inve

España captará este año más inversión inmobiliaria que nunca.

España enfila un año récord de inversión inmobiliaria. Al menos, este es el escenario que manejan las consultoras especializadas en el sector para el último trimestre del año.

Según JLL, el mercado doméstico ha captado 8.700 millones de inversión inmobiliaria hasta septiembre, una cifra que supera en un 40% a la registrada un año antes y que supone ya el 90% del capital conseguido durante todo 2016. Sus datos incluyen la inversión realizada en todos los sectores (residencial, oficinas, retail, logística y hoteles) y dejan a tiro de piedra la posibilidad de alcanzar unos niveles no vistos hasta la fecha.

“El mercado atraviesa un excelente momento y es previsible que todos los segmentos de negocio mejoren respecto a 2016 y podamos alcanzar una inversión histórica a cierre de año”, asegura Borja Ortega, director de Capital Markets de JLL.

Su homóloga Savills también maneja una previsión inédita: asegura que el volumen de inversión inmobiliaria en España se ha disparado un 81% en el primer semestre y que la mayor atracción de compradores internacionales, el tirón del segmento retail y el interés por el sector logístico están detrás de estas cifras. En su opinión, España alcanzará una inversión récord, al igual que otros países europeos como Alemania, Holanda y Austria, que también han superado de largo su promedio de los últimos cinco años.

Las tres economías centroeuropeas han registrado incrementos interanuales de capital captado de entre el 41% y el 93% entre enero y junio, por lo que no será muy difícil que a final de año marquen máximos históricos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la inversión en Europa se ha mantenido estable respecto al ejercicio anterior tras alcanzar los 95.000 millones de euros. Así pues, España, Alemania, Holanda y Austria se han convertido en un oasis en el terreno de la inversión inmobiliaria.

En el lado opuesto se sitúa Reino Unido, que está sufriendo los efectos de la volatilidad del panorama político y la incertidumbre que genera el Brexit. Tanto es así que Savills cree que Alemania podría sobrepasar este año a la economía británica en volumen de inversión inmobiliaria y alcanzar 60.000 millones de euros. Al igual que Reino Unido, Francia e Irlanda también han cerrado el primer semestre del año por debajo de su media del último lustro.

El retail, el rey del mercado

Según los datos que maneja JLL, el segmento retail ha sido en los nueve primeros meses del año el rey del mercado inmobiliario en España: ha captado 3.267 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo de 2016.

Además, la consultora estima que podría cerrar el año en torno a los 4.000 millones de euros, un dato histórico debido al número y volumen de las operaciones cerradas o en proceso de cierre. En este tercer trimestre, cabe destacar operaciones como la venta del Mercado de San Miguel por 70 millones, la del Mercado de Fuencarral por 50 millones o Gran Vía 18 por 44 millones.

Los siguientes de la lista son los hoteles (1.900 millones de euros, un 85% del volumen de todo 2016) y las oficinas (con una inversión de 1.700 millones, de los que 1.000 han acabado en Madrid). El segmento residencial, por su parte, ha captado unos 1.180 millones de euros, mientras que el logístico ha registrado otros 580 millones. A pesar de que es el sector con el volumen más reducido, los expertos esperan que a final de año capte un 20% más que el año pasado gracias a la falta de producto y a la necesidad de muchos inversores de comprar suelo bien ubicado.

Enlace permanente · 03 de octubre de 2017

La forma de calcular la plusvalía municipal a examen:

La forma de calcular la plusvalía municipal a examen: el Supremo puede evitar que se cobre de más.


El Tribunal Supremo decidirá finalmente si la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal es acorde a Derecho. Sobre la mesa está el eterno debate de si la fórmula legal calcula el incremento que el valor del terreno tendrá en el futuro, o el generado hasta su transmisión, que es el que pretende gravar el impuesto. Y es que, independientemente de la modificación del texto legal que ya está sobre la mesa, lo cierto es que la cuestión de la fórmula de cálculo aún sigue sin resolver.

¿Pero el Tribunal Supremo no se había “cargado” ya la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal?

Podría pensarse que la cuestión de la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal es un tema ya cerrado. En efecto, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en junio de 2017, que desestimó el recurso de casación en interés de ley planteado por el Ayuntamiento de Cuenca, y en el que solicitaba se aplicara la fórmula de cálculo tal y como estaba prevista en la Ley (artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales – TRLHL).

Sin embargo, dicha sentencia desestimó el recurso planteado, y recordó que tras las sentencias del Tribunal Constitucional de 16-2-2017, 1-3-2017 y 11-5-2017, la fórmula de cálculo prevista en el referido artículo 107 del TRLRHL sólo puede interpretarse en clave constitucional. Es decir, con respeto absoluto al principio de capacidad económica y, en consecuencia, no exigiendo el impuesto en situaciones en las que no se había producido el incremento del valor del terreno en el momento de su transmisión.

El Tribunal Supremo, por tanto, no se pronunció propiamente sobre la forma en que se calcula el impuesto.

¿Qué problemas sigue generando la fórmula de cálculo del impuesto?

A estas alturas, es evidente que el impuesto no puede exigirse en situaciones en las que no hay incremento de valor. Hay sentencias que consideran que es la Administración la que debe probar que ha existido incremento de valor, antes de exigir el impuesto. Otras consideran que todas las liquidaciones del impuesto deben ser anuladas, por haberse dictado sin cobertura legal alguna ante el vacío legal provocado por la declaración de inconstitucionalidad.

Pero aparte de ello, y en los supuestos en los que se liquide el impuesto por entender que sí ha existido incremento de valor, y no existe el referido vacío legal, sigue manteniéndose la misma duda que planteamos en este blog en el año 2012: ¿Se está cobrando a los contribuyentes lo que procede? ¿O de la fórmula de cálculo resulta el incremento de valor que el terreno tendrá en el futuro, más que el generado con motivo de la transmisión?

Dicha cuestión, a día de hoy, sigue sin resolver.

¿Por qué es necesario una sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema?

La declaración del Supremo sobre esta cuestión es necesaria para saber cómo debe exigirse el impuesto en el futuro. Téngase en cuenta que los pronunciamientos judiciales del Supremo o del Constitucional sólo han ido hasta la fecha, en la línea de garantizar que el impuesto no se exija si no hay incremento de valor del terreno. Por tanto, la fórmula de cálculo del impuesto sigue aplicándose exactamente igual, sin que se haya resuelto la duda de si se está cobrando a los contribuyentes más de lo debido, por calcular la fórmula el incremento de valor que el terreno experimentará en el futuro, y no el generado hasta la transmisión.

De hecho, el Proyecto de Ley de modificación del TRLRHL que conocimos a finales de julio sólo varía los coeficientes a aplicar sobre el valor catastral en la fecha de la transmisión del terreno, y prevé su actualización, pero sigue aplicando la fórmula de cálculo de forma idéntica a como se venía haciendo.

¿Qué es lo que va a decidir el Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo decidirá si la fórmula de cálculo del impuesto va en sintonía con el hecho imponible que el legislador quiso gravar. Según el artículo 104 del TRLRHL el impuesto recae sobre el incremento de valor del terreno puesto de manifiesto con motivo de su transmisión. De dicho artículo se deduce, por tanto, que sería el incremento de valor generado hasta la transmisión, y no el futuro.

Por ello, si resulta que la fórmula de cálculo, tal y como está concebida en la ley, grava el incremento de valor del terreno futuro, el contribuyente acabaría tributando por una base imponible diferente (y superior) a la que se pretendía gravar.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación planteado, y por tanto resolverá si la base imponible del impuesto de plusvalía municipal puede no ser el resultado de aplicar al valor del terreno en la fecha de su transmisión, un coeficiente en función del número de años en que se ha generado el incremento del valor del terreno. En definitiva, si la base imponible debe calcularse conforme se prevé en la Ley, o con una fórmula alternativa.

¿Qué consecuencias podrían derivarse de la sentencia del Tribunal Supremo?

La estimación del recurso de casación planteado obligaría a una nueva y completa revisión del impuesto. Y es que, aunque se exigiera el impuesto únicamente en los supuestos en los que no ha existido incremento de valor (determinados por el legislador tal y como solicitó el Tribunal Constitucional), quedaría invalidada la fórmula de cálculo con la que dicho impuesto se calcula, no pudiéndose en consecuencia dictar liquidaciones, y anulándose las ya dictadas.

Ante la esperanza de una sentencia del Tribunal Supremo estimatoria del recurso planteado, interesa que los contribuyentes recurran las liquidaciones dictadas (o soliciten la rectificación de las autoliquidaciones presentadas), manteniendo vivos los recursos planteados, para poder alegar la incorrección de la fórmula de cálculo, si ES éste finalmente el criterio del Alto Tribunal sobre esta cuestión

Enlace permanente · 03 de octubre de 2017

La Diputación de Guipúzcoa, la primera en anul

La Diputación de Guipúzcoa, la primera en anular la plusvalía municipal cuando se vende en pérdidas

Guipúzcoa ya ha aprobado el Decreto Foral que adapta el impuesto de plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que cuando se transmite un inmueble en pérdidas, no se debe obligar al contribuyente a pagar este impuesto. En la nueva regulación se introduce un nuevo método (que dará de qué hablar) para determinar si ha existido un aumento del valor de los terrenos con la transmisión de la casa.

La sentencia del Tribunal Constitucional consideraba que había una infracción de varios principios constitucionales cuando los ayuntamientos cobran el impuesto de plusvalía en aquellos casos en que se ha vendido, donado o heredado una vivienda en pérdidas. En concreto, los principios infringidos son el de capacidad económica, el de prohibición de confiscatoriedad o el del derecho de defensa.

La principal novedad del nuevo Decreto Foral, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, es la declaración de que no hay que tributar por el impuesto de plusvalía municipal cuando no hay un incremento del valor del terreno con motivo de su transmisión, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitado del dominio sobre el mismo. Además, la otra novedad es que regula el método para determinar si ha habido o no incremento del valor del terreno.

Es decir, el método que se empleará es la diferencia entre los valores de transmisión de adquisición del inmueble. Y ¿cuáles son los valores que se tomarán como referencia? José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, señala que el Decreto Foral no remite al valor que conste en las escrituras de compraventa, donación o herencia de una vivienda, sino a los valores que deban tenerse en cuenta a efectos de los impuestos que gravaron dicha compra o transmisión.

“Deberá determinarse en cada caso cuál es el impuesto que gravó la adquisición o la transmisión del terreno, para determinar el valor que en cada caso corresponda, según las normas de dicho impuesto. Puede comprenderse que entrarán en escena los valores previstos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales (ITP), IRPF, IVA ...”, subraya Salcedo.

El Decreto Foral detalla que el valor resultante no podrá incrementarse en el importe de las mejoras realizadas en el inmueble, ni tampoco podrá actualizarse por el transcurso del tiempo.

Además, “si en los valores de adquisición y transmisión que se tengan en cuenta para determinar la existencia de incremento de valor, no apareciera desglosado el valor del terreno del de la construcción, podrá calcularse aquél, tomando como referencia la proporción existente respecto al valor catastral vigente en el momento de devengo de este impuesto, del valor del suelo y el valor de la construcción”, añade el abogado. Y puntualiza que “si conforme a la información catastral, el valor del suelo supone un 20% sobre el valor catastral total, podrá aplicarse este porcentaje a los valores de adquisición y transmisión que se pretendan comparar, para determinar el valor del terreno”.

Así deben actuar los contribuyentes

Si la transmisión del inmueble se ha producido con ganancias (aunque hayan sido muy reducidas), el contribuyente deberá pagar, como se hacía hasta ahora, el impuesto de plusvalía municipal. Por tanto, el Decreto Foral no se refiere a los supuestos en los que haya habido una ganancia tan insignificante que “el impuesto que tenga que pagar el contribuyente pudiera ser confiscatorio”, puntualiza Salcedo.

Actualmente hay una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso de Madrid. En este caso hubo una transmisión en la que sí existió un incremento de valor, pero dicha ganancia fue muy inferior al impuesto de plusvalía municipal que tuvo que pagar el contribuyente.

Sólo estarán exentos del pago de este tributo aquellos contribuyentes que hayan vendido o transmitido el inmueble a pérdidas. Igualmente, deberán de presentar la declaración del impuesto, informando a la Administración Tributaria de la transmisión realizada. “Lo que ocurrirá en estos casos es que, a la vista de dicha declaración, no se practicará la liquidación del impuesto”, subraya Salcedo.

“Además, y de cara a futuras transmisiones, el valor de adquisición y de transmisión que deberá tenerse en cuenta será el del futuro transmitente/vendedor. Por tanto, el contador de años del período de permanencia del bien en el patrimonio del futuro transmitente, se pone a cero, y éste sólo tendrá que tributar, si algún día transmite el terreno, teniendo en cuenta la fecha en la que adquirió y en la que transmitirá”, comenta el abogado Salcedo.

Los efectos del Decreto Foral

La nueva regulación entró en vigor el pasado 31 de marzo, pero tiene efectos desde el mismo 25 de marzo, día en que se publicó en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017. Los efectos para los contribuyentes son los siguientes, según José María Salcedo:
1.Si un contribuyente recibió una liquidación del impuesto referida a una transmisión anterior al 25-3-2017, y aquélla ya fuera firme por no haberse recurrido en plazo, el Decreto Foral no será aplicable, por lo que no podrá solicitarse la rectificación de la liquidación ni la devolución de lo pagado. Además, los procedimientos recaudatorios que se estuvieran siguiendo para el cobro de la deuda seguirán normalmente, hasta su conclusión. Se exigirán también, íntegramente, los aplazamientos o fraccionamientos referidos a dichas liquidaciones, que todavía estén pendientes de pago.
2.El Decreto Foral será plenamente aplicable a las liquidaciones del impuesto que se dicten a partir del 25-3-2017.
3.Si a fecha 25-3-2017 estuviera pendiente de resolución un recurso de reposición planteado contra una liquidación del impuesto, éste se resolverá teniendo en cuentas las previsiones del Decreto Foral.
4.Si en fecha 25-3-2017 estuviera pendiente de resolución una reclamación económico-administrativa planteada contra una liquidación del impuesto, el TEAR declarará concluso el procedimiento y el expediente volverá a la entidad local, para que vuelva a practicar liquidación conforme a lo previsto en el Decreto Foral.

No obstante, y tal y como recuerda José María Salcedo, “no se descarta la aprobación en el futuro de una regulación más exhaustiva y sosegada sobre la forma de determinar la existencia de incremento del valor de los terrenos, que permita que la liquidación de este impuesto sea respetuosa con la Constitución

Enlace permanente · 04 de abril de 2017